Posted on abril, 18 2024

Entre el 22 y 24 de abril de 2024, Santiago de Chile es la sede de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), el acuerdo regional que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Colombia fue una de las naciones que aprobó, en el 2023, esta ley con compromiso de contribuir a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Actualmente, y tras ser aprobado por el Congreso de la República, y sancionado por el presidente Gustavo Petro, el acuerdo se encuentra en la fase de revisión por parte de la Corte Constitucional.  

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Previo a la COP3, compartimos ocho datos que debes conocer sobre el Acuerdo de Escazú y sobre su importancia para la sociedad: 

1. El Acuerdo de Escazú es un ejercicio de soberanía del gobierno nacional, por lo tanto, no se ve afectada la soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos o aéreos del territorio nacional y mucho menos la capacidad para decidir sobre ellos.  

2. Garantiza los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, por ello busca que los Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente. 
 
3. Cuenta con órganos para facilitar la implementación de las obligaciones para los países que lo ratifiquen, pero este no otorga facultades especiales a Cortes, Órganos y Organismos internacionales para que intervengan en las decisiones que los países que ratifiquen el tratado deban tomar en materia ambiental. 
 
4. Este Acuerdo sigue la práctica internacional de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en materia de solución de controversias, la única obligación para los Estados es esforzarse por resolverla por medio de la negociación o cualquier otro medio que los Estados consideren aceptable. Sin embargo, faculta a los Estados para que se acojan o no a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

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5. Mantiene las reglas de daño ambiental que Colombia aplica hace más de 20 años, cuando incorporó en su normativa ambiental la dinamización de la carga de la prueba y por tanto este no pone fin a la presunción de inocencia en materia ambiental. 

6. Con la ratificación del Acuerdo de Escazú no se modifican las reglas del derecho internacional, los sujetos que pueden acudir a las jurisdicciones internacionales o nacionales se mantienen. Sin embargo, la definición de público a la que se refiere el artículo 2 se refiere a todas las personas naturales y jurídicas nacionales o sujetas a la jurisdicción del Estado. 
 
7. Aumenta y garantiza la seguridad jurídica sobre todo porque su contenido está en sintonía y permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID. Los estudios de la OCDE y los estándares de la Banca Multilateral incorporan garantías asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. 

8. Fortalece la institucionalidad ambiental, políticas públicas y procedimientos ambientales y es un instrumento para el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional. Contiene disposiciones que le permiten a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y también señala la necesidad de promover y fortalecer la cooperación y fortalecimiento de capacidades, en los niveles internacional, regional, nacional, subnacional y local. 

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