Aprobado El Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República

Posted on octubre, 11 2022

Con 119 votos a favor y 1 en contra, el Acuerdo de Escazú fue aprobado esta noche en plenaria de la Cámara de Representantes y seguirá a sanción presidencial.La Alianza por el Acuerdo de Escazú celebra la aprobación del Proyecto de Ley No. 109/2022, fundamental para el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de derechos humanos y el medioambiente. #EscazúAhora

© Alianza por el Acuerdo de Escazú

Bogotá, 10 de octubre del 2022. Después de casi tres años desde la firma del Acuerdo en el 2019, la plenaria de la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor del Proyecto de Ley No. 109/2022 por medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia celebramos la aprobación de la Ley aprobatoria de este Tratado. Cada vez estamos más cerca en el fortalecimiento de la democracia ambiental por medio de la garantía de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales a través del Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe.

¿Qué viene tras la aprobación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República? Tras haber sido aprobado esta noche en el Congreso de la República, el Acuerdo de Escazú deberá atravesar dos pasos antes de que Colombia se convierta en el catorceavo país de América Latina y el Caribe en ratificar el histórico Tratado. Escazú deberá ser sancionado por el Presidente Gustavo Petro y necesitará pasar la revisión de la Corte Constitucional.

Para que el Acuerdo sea sancionado por el Presidente, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República deberá realizar una previa revisión del mismo. Por otra parte, deberá pasar a una siguiente etapa judicial, a cargo de la Corte Constitucional, en la que el Tribunal analizará si la Ley que aprueba el Tratado cumplió los requisitos legales y constitucionales, tanto en la forma en la que la Ley fue aprobada, como en que su contenido mismo no viola normas constitucionales.

Esperando que el fallo de la Corte Constitucional indique la constitucionalidad de la Ley aprobatoria de Escazú, el paso a seguir estará a cargo de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores para proceder al depósito del Tratado en la Oficina de las Naciones Unidas, en Nueva York.
 

¿QUE PUEDE HACER LA CIUDADANÍA EN ESTE TIEMPO?


1. Seguir haciéndole seguimiento al proceso de ratificación.
2. Participar activamente en los espacios que se creen para la implementación del Acuerdo de Escazú.
3. Difundir en todos los escenarios posibles el contenido del Acuerdo, sus ventajas y oportunidades para el país.

Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad resalta que “el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental son derechos contenidos en nuestra Constitución política que por años han sido vulnerados; derechos que se han convertido en barreras generadoras de desigualdad y de conflictos sociales y ambientales. No en vano somos conocidos como el segundo país con mayor conflictividad a nivel global. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta para fortalecer este marco normativo y de paso empezar a materializar la democracia ambiental en Colombia”.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, resaltó que Escazú es fundamental para prevenir conflictos ambientales. “Si bien Colombia tiene una legislación sobre el tema de participación ciudadana, en muchas ocasiones estos mecanismos son incipientes y su implementación es débil por parte de autoridades a escala territorial. La ratificación de este acuerdo plantea el fortalecimiento de los mecanismos de participación en etapas tempranas de los procesos de toma de decisión, de manera que sean mucho más incluyentes y permitan la participación de los distintos actores”, señaló.

Finalmente, con la ratificación del Acuerdo, el gran reto que el Estado colombiano debe asumir es el de implementar y alcanzar la garantía plena y efectiva de los derechos de acceso, junto con la protección de las personas defensoras de derechos en asuntos ambientales.

Más información con: Alicia Gómez, Coordinadora de Comunicaciones, Asociación Ambiente y Sociedad, aliciagomez@ambienteysociedad.org.co, 3204821467 Nicolás Congote, oficial de medios de WWF Colombia, nfcongote@wwf.org.co, +57 320 8651740
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