Posted on 19 julio 2021

• El fracking atenta contra el derecho fundamental a la salud debido al uso de sustancias tóxicas, nocivas para los humanos.
• Además, representa impactos ambientales y sociales, y aleja al país de la oportunidad de hacer un uso sostenible de su capital natural.
• Colombia debería apostarle a un desarrollo que no dependa de los hidrocarburos.

Bogotá, 19 de julio de 2021– Esta semana el Congreso tiene la oportunidad de empezar de nuevo el trámite que permitiría prohibir el fracking en el país. El proyecto de ley que buscaba prohibir la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia, ya había sido presentado como una medida de protección del ambiente y la salud, y se hundió recientemente, pero podrá radicarse de nuevo a partir del 20 de julio. Desde WWF hacemos un llamado a los congresistas para que vuelvan a presentar el proyecto de ley en la legislatura que empieza y, al Congreso en pleno, a darle prioridad y celeridad a su votación.

El fracturamiento hidráulico, más conocido como “fracking” representa riesgos de salud pública, sociales y ambientales. Aún se desconoce el estado de las aguas subterráneas que podrían resultar afectadas por esta práctica, además el país no cuenta con un marco legislativo sobre pasivos ambientales*. Insistir en abrirle las puertas a esta práctica en este momento puede representar daños graves y potencialmente irreversibles al ambiente y a la salud, que no han sido analizados a profundidad.

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En esta práctica se usan sustancias químicas potencialmente tóxicas y con graves efectos para la salud. Al fracturar las rocas del subsuelo, se inyecta una mezcla de agua, arena y químicos bajo presión, y estos químicos pueden contaminar aguas subterráneas y superficiales. Es indispensable que el país cuente con mayor transparencia sobre los posibles químicos, considerando los hechos descritos en un reciente reporte publicado por el PSR (Physicians for Social Responsibility) y replicado por el New York Times, en el que se revela que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos permitió desde 2011 el uso de químicos para el fracking que con el tiempo pueden descomponerse en sustancias tóxicas, difíciles de degradar y persistentes en el ambiente y el cuerpo humano. Pese a que estas sustancias conocidas como perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) se han vinculado con enfermedades como el cáncer, problemas reproductivos y defectos de nacimiento, aún son usadas porque facilitan el flujo del crudo del suelo. Según el análisis, en 120 compañías usan PFAS o sustancias susceptibles a convertirse en estos tóxicos.

Un paso atrás

Actualmente enfrentamos una grave emergencia planetaria derivada del cambio climático, la crisis sanitaria a causa del Covid-19 y la alarmante pérdida de naturaleza de los últimos años. Un panorama que requiere superar la dependencia de combustibles fósiles e impulsar sistemas energéticos que no generen emisiones de gases de efecto invernadero. Es urgente que los países tomen decisiones y definan metas ambiciosas para mantener la temperatura global por debajo de 1.5ºC, como lo indica la ciencia y establece el Acuerdo de París, el compromiso global más importante para enfrentar la crisis climática y del que Colombia hace parte.

En ese sentido, una de las decisiones urgentes que Colombia puede tomar es la prohibición del fracking y de la ampliación de proyectos de explotación de hidrocarburos. Seguir permitiendo e impulsando los combustibles fósiles como motor de la economía colombiana obstaculiza el desarrollo de otras alternativas de sistemas energéticos y va en contravía a la dirección que el país se ha fijado para reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene proyectado generar para 2030, así como ser carbono neutro en el 2050.

Colombia ha liderado ambiciosos compromisos dentro de la comunidad internacional a través de agendas como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio de Diversidad Biológica, entre otras. Ahora es cuando el país debe hacer un llamado a transformar nuestros modelos de desarrollo para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, así como el de las demás especies que habitan el planeta.

Hay fuertes argumentos económicos para tomar en cuenta. En el mercado de valores, ahora los sectores de la economía verde son comparables a los de petróleo y gas, ambos por valor de US $4 billones, lo que demuestra que, al apostarle únicamente a los combustibles fósiles, estaríamos desaprovechando las oportunidades y beneficios probados que trae hacer la transición hacia una economía verde. En cuanto al sector de transporte, que representa la mayor demanda de petróleo, la tecnología de vehículos eléctricos es ahora una de las más dinámicas, ya que se estima que para 2040, el 55% de todas las ventas de automóviles nuevos y el 33% de la flota global será eléctrica.

Sumado a esto, las tendencias globales están cuestionando y poniendo límites a las empresas de hidrocarburos. Una corte civil de Holanda ordenó a la empresa Royal Dutch Shell reducir para 2030, 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero comparado con 2019. Esta decisión aplica a todo su portafolio y volumen agregado de emisiones, lo que implica que este grupo económico tiene que hacerse responsable de sus propias emisiones y de toda la cadena de valor.

La decisión de la Corte se basó en la Convención Europea de Derechos Humanos, debido a que la empresa está contribuyendo peligrosamente al cambio climático y violando los derechos humanos. Este precedente puede afectar a todo el sector de combustibles fósiles y el sector financiero y a sus inversiones. Algo que ya se evidenció con el nombramiento de nuevos miembros de la junta de ExxonMobil, apoyado por los fondos de inversión de la bolsa de Nueva York.

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Por otro lado, prácticas como el fracking podrían aumentar y recrudecer los enormes conflictos socioambientales, especialmente en torno al agua.

Por todo lo anterior, desde WWF hacemos un llamado para que el país transite hacia energías renovables no convencionales que le permitan ser menos dependiente de los combustibles fósiles. Insistimos en la necesidad de concentrar los esfuerzos y la capacidad institucional hacia la diversificación de la economía y la matriz energética. La prohibición del fracking sería un mensaje contundente y necesario sobre el compromiso del país con un futuro más verde, justo y resiliente.
 

Sobre el fracking

● El fracking (fracturamiento hidráulico) es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección a presión de grandes volúmenes de una mezcla de agua, arena y químicos con el fin de fracturar rocas que tienen atrapado en su interior gas y petróleo.
● El fracking usa enormes cantidades de agua: en un pozo se pueden consumir entre 9.000 y 29.000 m3 de agua o más, es decir, entre 2,4 y 7,7 piscinas olímpicas.
● Se calcula que entre un 15% y 80% de la mezcla inyectada retorna a la superficie, es decir, en el mejor de los casos, un 20% permanece en el subsuelo.
● De igual manera, los fluidos que retornan a la superficie pueden ser un riesgo para las aguas superficiales, los suelos y las personas, si no son manejados adecuadamente. De este flujo de retorno, el 90% no puede reutilizarse, primero se debe tratar para reducir las concentraciones de los compuestos peligrosos y luego disponerse de manera cuidadosa.