Posted on octubre, 05 2023

La Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, una plataforma de organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes de redes que trabajan en el fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia, continúa con el apoyo y seguimiento al proceso de este tratado regional en Colombia, que, luego de su aprobación en el Congreso de la República y la firma del presidente Gustavo Petro, actualmente se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional.

El Alto Tribunal debe revisar que la Ley 2273 de 2022, aprobatoria del Acuerdo de Escazú, sea compatible con las normas constitucionales de Colombia sobre los derechos que regula, así como que se haya cumplido el procedimiento establecido en la Constitución Política para la adopción de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Como parte del proceso de control constitucional, la Alianza inició la radicación de intervenciones ciudadanas en favor de la incorporación del Acuerdo de Escazú en el marco normativo colombiano, entendiendo que este instrumento fortalece el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental. Adicionalmente, el Acuerdo incluye, por primera vez, medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.

En efecto, para la Alianza, el Acuerdo de Escazú es una oportunidad fundamental para hacerle frente a la gravísima situación de asesinatos y amenazas a personas defensoras del ambiente en el país, pues según el más reciente informe del Global Witness, en el 2022, en Colombia asesinaron a 60 personas que defendían el medioambiente y la tierra, ocupando el primer lugar en el mundo con crímenes por esta causa.

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Como organizaciones que participaron activamente en el proceso de negociación de este instrumento a nivel internacional, y que han impulsado la ratificación del Acuerdo a nivel nacional, la Alianza resaltó la importancia de esta etapa de revisión constitucional en la que se encuentra este instrumento, pues la Corte Constitucional debe decidir la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú a partir del cumplimiento del procedimiento llevado a cabo al interior del Congreso de la República y de la compatibilidad de su contenido con la Constitución Política de 1991.

La Alianza, a partir de las diferentes experticias de las organizaciones que representa, insta a la Corte a reconocer que el Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales, garantizando a la ciudadanía cuatro derechos imprescindibles: 

• El acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.
   
• La participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud.
   
• El acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al medio ambiente.
   
• La protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, garantizando un entorno seguro y propicio en el que puedan promover y ejercer su labor sin amenazas, restricciones o inseguridades.

“La ratificación del Acuerdo de Escazú es un imperativo para Colombia. Invitamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y ciudadanos a sumar sus intervenciones y aportes en el marco del proceso de revisión constitucional”, enfatizó la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia.