En siete temas de la taxonomía no se sancionó ninguna ley durante todo el cuatrienio: minería, hidrocarburos, ordenamiento territorial y gestión del suelo, comunidades y democracia ambiental, finanzas sostenibles, criminalidad ambiental y justicia penal, y salud ambiental. A la luz de estos datos, los sectores de mayor conflictividad socioambiental y mayor peso económico quedaron por fuera de la producción legislativa efectiva del periodo. Esto puede leerse como la persistencia de un patrón estructural en el que el Congreso aprueba con mayor facilidad agendas de declaratorias sobre conservación y protección que reformas a los marcos que, por dar un ejemplo, aquellas que rigen las actividades extractivas, precisamente aquellas donde el derecho ambiental está llamado a ejercer su función de contención y límite. 

En cuanto al origen de las iniciativas, la agenda aprobada fue abrumadoramente de origen congresional: 26 de los 28 proyectos del universo fueron de iniciativa parlamentaria, frente a una sola iniciativa gubernamental, la ley aprobatoria del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto contra la pesca ilegal, y una mixta, la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. La Comisión Quinta, dada su naturaleza y mandato, fue la ruta institucional dominante, con 15 de los 28 trámites, seguida por la Comisión Sexta con 6, y el Senado fue la cámara de radicación de 18 de los 28 proyectos. Esta geografía institucional confirma dónde se juegó, en la práctica, la agenda ambiental del Congreso. 

¿Quién impulsó y en qué dirección? Una agenda plural, incremental y sin regresiones 

La bancada con mayor autoría principal en el universo fue Alianza Verde, con 10 de los 28 proyectos. Sin embargo, la agenda aprobada no fue logro de una sola fuerza política: registran autorías principales el Pacto Histórico (4, incluida la curul indígena MAIS), el Centro Democrático (3), el Partido Liberal, Cambio Radical, la coalición de Gobierno y los independientes de la Coalición Centro Esperanza (2 cada uno), y el Partido Conservador y el Partido de la U (1 cada uno). Que bancadas de Gobierno, independientes y oposición hayan llevado leyes ambientales hasta la sanción presidencial evidencia que existió un espacio de consenso legislativo ambiental transversal a la polarización política del periodo. Esta convergencia constituye, en sí misma, un activo para la incidencia y la actividad legislativa del próximo cuatrienio. 

En dirección normativa, de las 25 leyes promulgadas, 20 se clasificaron como avance ambiental (80%) y 5 como neutras (20%); ninguna como regresión ni como ambigua.

Entre los avances se destacan iniciativas que fortalecen la gobernanza y amplían la frontera de derechos. La ley de conservación de humedales1 establece un marco integral para la protección, restauración y uso sostenible de estos ecosistemas, en aporte directo a los compromisos de Colombia bajo la Convención Ramsar. La reforma al procedimiento sancionatorio ambiental2 moderniza la Ley 1333 de 2009 para dotar a las autoridades de herramientas efectivas de prevención y sanción frente a los infractores. La ley de desplazamiento climático3 reconoce por primera vez la condición de desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres, y fija lineamientos para su identificación. Y la ley de ganadería sostenible4 dispone instrumentos para garantizar cadenas productivas libres de deforestación, conectando la política agropecuaria con las metas de protección de los bosques. 

La lectura interpretativa que proponemos es que el cuatrienio produjo una agenda ambiental incremental y de consenso: leyes que suman protección, amplían derechos y fortalecen instituciones, sin confrontar directamente los intereses de los sectores extractivos, cuya regulación quedó, precisamente, en los silencios señalados anteriormente. El avance debe reconocerse; su límite estructural, también. 

¿Con qué calidad técnica y qué anclaje internacional? 

WWF Colombia analizó las leyes aprobadas con algunos criterios que permitieran evaluar lo que llamamos “calidad normativa”. Estos factores incluyen:  

1. Anclaje en la agenda internacional, y planes nacionales 
2. Nivel de vinculatoriedad: Cuenta con obligaciones claras y exigibles.  
3. Claridad de la obligación (redacción y verbos rectores vinculantes; ej. Garantiza, implementa, formula, etc.).
4. Tiempo de cumplimiento de la obligación. Los rangos de este nivel son: bajo; solo cumple uno, medio; cumple dos y alto; cumple los tres. 
5. Financiamiento: la ley incluye y establece de manera explícita el mecanismo de financiamiento. 

El 53,6% de los proyectos del universo (15 de 28) registra al menos un compromiso internacional identificable en su contenido o en su exposición de motivos: la Convención Ramsar, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París, el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, CITES, la CMNUCC y el Acuerdo MERP, entre otros. Esta articulación evidencia que el Congreso legisló, en parte, para desarrollar la agenda ambiental internacional del país, y confirma que los compromisos multilaterales operan como palanca efectiva de la producción normativa doméstica. 

La calidad técnica del trámite muestra, en cambio, un déficit estructural,  teniendo en cuenta los criterios ya mencionados. En ese sentido, solo 1 de los 28 proyectos alcanza un nivel alto de calidad, 24 se ubican en nivel medio y 3 en nivel bajo. Ningún proyecto presentó un análisis de impacto regulatorio (AIR), y la concertación previa con los sectores afectados solo está documentada en 3 de los 28 casos.  

El desafío, entonces, no radica únicamente en aprobar más leyes ambientales: lo crucial es asegurar que tengan calidad normativa, evidencia técnica que las sustente y capacidad real de implementación en los territorios. La verificación de reincidencia legislativa (proyectos que retoman iniciativas archivadas en periodos anteriores) permanece indeterminada en el 88% de la base, por lo que este análisis no afirma conclusiones al respecto; el dato se reportará en el balance completo una vez surtida la verificación de antecedentes.